Fuente: HERITAGE FOUNDATION.
En los Estados Unidos de América, las personas que se identifican como LGTB son libres para vivir como quieren. Pero las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género [1], incluyendo las leyes de Justicia Para Todos[2], no se tratan sobre libertad, sino más bien sobre coerción. Estas leyes tienen el objetivo de obligar a los ciudadanos a abrazar y vivir ciertas creencias acerca de la sexualidad humana. No buscan proteger la libertad de las personas para vivir como LGTB, sino más bien coaccionar a los demás para que apoyen, faciliten y endorsen tales acciones. Este es un problema fundamental al equiparar las leyes coercitivas contra la discriminación con las leyes permisivas de libertad religiosa. Y no es para nada “justicia para todos” el imponer una mala política coercitiva a todo el mundo, mientras se exime solamente a ciertas instituciones de fe.
CONCLUSIONES CLAVES
- Las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género pisotean las libertades fundamentales y vulneran innecesariamente los derechos de las personas a vivir de manera coherente con sus valores.
- Las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género prohíben los desacuerdos sobre temas LGBT, al imponer una ortodoxia sexual y tratar, acciones que, en realidad, son razonables, como acciones discriminatorias.
- Las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género no protegen la igualdad ante la ley; sino que, otorgan privilegios especiales que son impuestos en contra de individuos/ actores privados.
Las propuestas actuales para crear Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género con varios tipos de excepciones por religión no resultarían en “justicia para todos”[i]. En vez de esto, estas leyes penalizarían a muchos ciudadanos que creen en que el ser humano fue creado hombre y mujer, y que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. Estas leyes violarán la privacidad y seguridad de mujeres y niñas, el derecho de libre consciencia de médicos y otros profesionales de la salud, y el derecho a la libre expresión y la libertad religiosa de innumerables profesionales. Establecer malas políticas públicas y luego eximir a ciertas instituciones religiosas no es actuar en favor del bien común- y definitivamente no es “justicia para todos”.
¿Cuál es el resultado de las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género?
Las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género prohíben los desacuerdos en cuestiones LGBT, imponiendo una ortodoxia sexual. Obviamente, éstas no son las palabras que usan, pero cuando la “orientación sexual” y la “identidad de género” son elevadas a categorías protegidas en una ley antidiscriminación, éste es el efecto que causa esa política gubernamental.[ii] Pero no todo desacuerdo se constituye en discriminación, y nuestras leyes no deben suponer lo contrario.[iii]
Los expertos de la Fundación Heritage por mucho tiempo se han opuesto a las leyes contra la discriminación que elevan la “orientación sexual” y la “identidad de género” a constituirse en categorías o clases protegidas.[iv] En los lugares donde han sido promulgadas, las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género son frecuentemente usadas como espadas para perseguir a personas cuyas convicciones no son populares, en lugar de ser usadas como escudos de protección a las personas para que no sufran discriminación injusta.[v]
Las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género consideran acciones que son razonables como si fueran discriminatorias.[vi] Por ejemplo, si una señora que de profesión es pastelera produce bizcochos personalizados para celebraciones de matrimonios, pero se rehúsa a producirlos para celebraciones de uniones entre personas del mismo sexo, eso es considerado “discriminación” por causa de “orientación sexual”.[vii] Si una agencia católica de adopciones trabaja para encontrarle un hogar permanente a niños huérfanos, para que sean criados por una pareja casada conformada por una madre y un padre, pero no ofrece a los niños en adopción a hogares conformados por dos madres sin un padre, o por dos padres sin una madre, eso es considerado “discriminación” por causa de la “orientación sexual”.[viii]
Si un negocio pequeño ofrece seguros médicos que cubren doble mastectomías para casos de cáncer de mama, pero no cubre los costos de operaciones para mujeres que quieren “hacer la transición” para identificarse como hombre, eso es considerado “discriminación” por causa de “identidad de género”.[ix] Si una escuela tiene baños y vestidores separados para los estudiantes masculinos y femeninos, respectivamente, y no permite que los estudiantes masculinos que se identifican como mujer puedan ir a los espacios designados para las mujeres, eso es considerado “discriminación” sobre la base de “identidad de género”.[x]
Bajo las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género, el gobierno penaliza ese tipo de políticas razonables por cuestiones debatibles, como si fueran discriminatorias.
El Problema con las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Genero
Está claro que los propietarios de negocios deben respetar la dignidad intrínseca de todos sus empleados y clientes, pero esto no es lo que esas leyes logran. Las amenazas que implican a nuestras libertades son frecuentes y comunes a diversos grupos, como lo son los defensores de las libertades civiles preocupados por la libertad de expresión y la libertad religiosa; los defensores del libre mercado preocupados por la libertad de contratación y la sobrerregulación gubernamental; y los conservadores sociales preocupados por el matrimonio y la cultura.
Un Pisoteo a las Libertades Civiles.
La nación de los Estados Unidos está comprometida con la protección de las libertades garantizadas por la Primera Enmienda de la Constitución, y a la vez con el respeto a la igualdad de sus ciudadanos ante la ley. Ninguna de estas libertades es absoluta. Los intereses gubernamentales pueden, en ocasiones, colocarse por encima de las libertades civiles fundamentales, pero las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género no pasan esta prueba.
En lugar de eso, la realidad es que estas leyes pisotean las libertades fundamentales y trastornan innecesariamente los derechos de los ciudadanos (por ejemplo) de gestionar escuelas públicas, llevar a cabo obras de caridad y administrar negocios en una manera acorde a sus valores. Estas leyes no protegen la igualdad ante la ley, sino que más bien, otorgan privilegios que son impuestos contra actores privados.
Consecuencias no intencionales.
Las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género pueden también tener serias consecuencias no intencionales. Estas leyes tienden a ser ambiguas y demasiado amplias y a carecer de definiciones claras acerca de lo que significa discriminación por “orientación sexual” e “identidad de género” y cuáles conductas pueden o no ser penalizadas.
Estas leyes impondrían una responsabilidad terrible a ciudadanos inocentes por una presunta “discriminación” basada en identidades que son subjetivas y que no pueden ser verificables, pues no se enfocan en temas objetivos. Las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género tienden a aumentar la interferencia gubernamental en los mercados, lo que potencialmente desalienta el crecimiento económico y la creación de empleos.
Penalización de Creencias.
Las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género amenazan las libertades de los ciudadanos, tanto de individuos como de organizaciones o asociaciones, para que no sostengan sus convicciones religiosas y morales – convicciones tales como el hecho de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer o que la masculinidad o feminidad son realidades objetivas biológicas que deben ser valoradas y afirmadas, no rechazadas ni alteradas. Bajo las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género, actuar sobre la base de estas creencias en un contexto caritativo, educativo o comercial podría ser considerado como discriminación, por lo que podría ser procesable.
Las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género han sido usadas para penalizar a pasteleros, floristas, fotógrafos, escuelas y agencias de adopción cuando éstos se han rehusado a actuar en contra de sus convicciones concernientes al matrimonio y la sexualidad. Estas leyes no protegen adecuadamente la libertad religiosa ni la libertad de expresión.
En resumen, las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género buscan regular decisiones que deben ser manejadas por los actores privados, sin ninguna interferencia gubernamental. Estas leyes son indiferentes ante la consciencia y la libertad de las personas de buena voluntad que simplemente no comparten las opiniones del gobierno con respecto al matrimonio y la sexualidad, y que lo hacen partiendo de una cosmovisión sensata, de un código moral, o de su fe religiosa. En consecuencia, estas leyes corren el riesgo de convertirse en fuentes de tensión social en lugar de unidad.
La “identidad de género” como clase protegida: socavando el bien común.
Al convertir a la “identidad de género” una clase protegida, el gobierno obligaría a los ciudadanos a abrazar la ideología transgénero en una variedad de escenarios, con graves consecuencias para las políticas institucionales de las escuelas, los vestidores, los hospitales, y los lugares de trabajo, ya que dichas políticas socavarían el sentido común.[xi]
Las escuelas tendrían que rehacer sus políticas del uso de baños, vestidores, y dormitorios para permitir que los estudiantes accedan a ellas basados en su identidad subjetiva, en lugar de su biología objetiva.[xii]
Los empleadores tendrían que hacer lo mismo: forzar a todos los empleados a usar los “pronombres preferidos”[xiii] e incluir procedimientos hormonales o quirúrgicos de transición en sus planes de seguro médico.[xiv] Los hospitales tendrían que proveer estos procedimientos y los médicos pertinentes tendrían que realizarlos.[xv]
En esencia, elevar la “identidad de género” a una clase protegida a través de las leyes federales contra la discriminación podría imponer una política de baños transgénero a nivel nacional, una política nacional de uso de pronombres y un mandato nacional de atención médica de reasignación de sexo.[xvi]
El Departamento de Educación ya está investigando una denuncia de una niña de cinco años que dice que fue agredida sexualmente por un compañero de clase aal que se le permitió el acceso al baño de niñas.[xvii] El año pasado, Melody Wood y yo documentamos más de 130 ejemplos de hombres acusados de usar el acceso al baño, vestidores y duchas para atacar a mujeres por voyerismo y agresión sexual.[xviii]
Las excepciones no convierten malas políticas en buenas políticas.
Las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género con exenciones similares a la propuesta del Acta Igualdad para Todos impondrían leyes de “orientación sexual e identidad de género” a todos, con todas las malas consecuencias para el bien común mencionadas anteriormente, al tiempo que eximirían a ciertas instituciones religiosas. Como resultado, las propuestas para crear nuevas políticas LGBT con diferentes tipos de exenciones religiosas no darán como resultado lo que los defensores afirman que es equidad para todos. En cambio, penalizarán a muchos ciudadanos que creen que fuimos creados como hombre y mujer y que hombre y mujer fueron creados el uno para el otro.
El Acta Igualdad para Todos crea una mala política pública y luego intenta prevenir algunas de sus peores consecuencias mediante exenciones religiosas limitadas. Las exenciones, sin embargo, no convierten una política mala en buena, y el resultado aquí no es justicia para todos, sino injusticia para muchos, con exenciones para unos pocos afortunados. Imponerle una política mala pública a nuestro vecino mientras nos eximimos a nosotros mismos no es la manera adecuada de buscar el bien común.
No aplicamos las leyes del Acta de Igualdad para Todos cuando un lado usa las leyes para obligar al otro lado, y lo que el otro al lado le toca son exenciones limitadas. Tampoco es un compromiso- por lo menos unos bueno- cuando a un lado le dan nuevos privilegios legales especiales aplicados en cualquier lugar, y en cambio, al otro lado solo le tocan exenciones limitadas (las cuales no están garantizadas a perdurar) a causa de una mala política pública. El compromiso sugiere que a cada lado le corresponde algo que quiere, aunque mucho menos que todo, y que cada lado se mantiene más o menos igual al final de las negociaciones. En la práctica, el Acta de Igualdad para Todos significa que un lado avanza mientras el otro es castigado.
Las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género, incluyendo el Acta de Igualdad para Todos, se tratan más de coerción, no de libertad
En los Estados Unidos de América, las personas que se identifican como LGTB son libres para vivir como quieren. Pero las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género (SOGI, siglas en ingles), incluyendo las leyes del Acta Igualdad Para Todos (FFA, siglas en ingles), no se tratan de libertad- si no más bien de coerción. Estas leyes están forzando a todos los ciudadanos a abrazar- y vivir- ciertas creencias acerca de la sexualidad humana. No se trata de proteger la libertad de personas que viven como LGTB, sino de obligar a todos a apoyar, facilitar y endosar sus acciones. Este es un problema fundamental cuando se trata de igualar leyes discriminatorias coercitivas con leyes permisivas de libertad religiosa. Tratar de imponer una mala política coercitiva a todos mientras eximimos a ciertas instituciones de fe es, cualquier cosa, menos justicia para todos.
Las leyes contra la discriminación buscan que el gobierno pueda forzar a las personas a vivir de acuerdo a los valores de la mayoría. Las leyes de libertad religiosa tratan de eliminar la coerción del gobierno y permiten que las personas vivan de acuerdo con sus propias creencias. Aunque pueden existir buenas justificaciones para ciertas políticas antidiscriminatorias, no existe derecho humano para ellas. La libertad religiosa, sin embargo, es un derecho humano. El Acta Igualdad Para Todos erróneamente confunde estos conceptos que son diferentes.
Existe una mejor manera de ayudar a las personas que se identifican como LGBT
Aunque las leyes en contra de la discriminación son injustificables, eso no excluye la idea de que se pudieran implementar políticas que abordarían el maltrato de las personas que se identifican como LGBT y, al mismo tiempo, les permitirían la libertad a todos los ciudadanos; no solo a los pocos afortunados que tienen buenas conexiones para lograr estar exentos de estas leyes, actuar libremente de acuerdo con sus convicciones.[xix]
Los proponentes alegan que nada, aparte de elevar estas leyes a clases protegidas en la ley, será suficiente para manejar los problemas existentes de las personas que se identifican como LGBT- pero no proveen evidencias que apoyen dichas leyes de tan amplio alcance.
Daños Materiales.
Al intentar responder a las necesidades legitimas de personas que se identifican como LGBT y a la vez respetar los derechos y el interés de todos, los políticos deben, en primer lugar, evaluar la naturaleza y la extensión del problema, y luego, determinar si se requiere la intervención gubernamental; y, si lo es, cuál sería el remedio apropiado. Por esta razón, los defensores de estas leyes deben proveer evidencias de que están enfrentando daños materiales (además de los daños a su dignidad) para mostrar la necesidad de una respuesta gubernamental coercitiva- un requisito que no han cumplido.
Históricamente, los tribunales han aplicado leyes de derechos civiles para tratar de proteger a los miembros de clases protegidas contra la discriminación que los privaría de tener acceso a bienes materiales y servicios (restaurantes, habitaciones de hotel, trabajo). Los tribunales no han aplicado todavía esas leyes de derechos civiles para reparar los “daños de dignidad” únicamente, porque los sentimientos de ofensa en las interacciones entre los ciudadanos pueden aplicar para ambos. Además, privaría a los ciudadanos de sus libertades de expresión y religiosa si los tribunales marcaran límites sobre la base de los sentimientos de ofensa.
Esto no quiere decir que dicha necesidad no exista o que vivamos en un país libre de discriminación contra las personas que se identifican como LGBT. Sin embargo, lo que sí es evidente, es que no se han presentado evidencias de discriminación comparable a la evidencia utilizada para justificar la aprobación de nuestras leyes de derechos civiles sobre raza y sexo. En ausencia de tal demostración, las leyes de derechos civiles utilizadas para combatir el racismo y el sexismo no son los modelos adecuados para abordar la discriminación contra quienes se identifican como LGBT.
Análisis.
Tan pronto se ha identificado una necesidad legítima, los políticos deben hacerse varias preguntas: ¿Es apropiado una respuesta gubernamental? ¿Las necesidades son tal magnitud y escala que requieren de una atención gubernamental? ¿Son suficientes las presiones sociales, económicas y culturales para abordar estas necesidades en sí mismas? Si se considera necesario una respuesta gubernamental, debe ser diseñada para abordar la necesidad documentada en el nivel apropiado gubernamental (federal, estatal o local), mientras se hace todo lo posible para evitar estropear los derechos, tales como las libertades de contrato, conciencia, religión y expresión.
Definiciones.
Es de suma importancia que cualquier política de este tipo debe definir con precisión qué constituye un acto de “discriminación”. Parte del problema con las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género, Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género, es que dejan esta decisión a una serie de burócratas y jueces hostiles que declaran que ciertas acciones de sentido común en realidad son “discriminatorias”. Las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género tratan las acciones razonables como si fueran discriminatorias. Un mejor enfoque seria definir específicamente lo que constituye “discriminación” y crear una respuesta legal a esto.
Conclusión
En medio de las redefiniciones del matrimonio, sexo y género, todos los ciudadanos- donde sea que se encuentren en el espectro político y aunque sean religiosos, seculares o agnósticos- deben unir sus esfuerzas para encontrar maneras de coexistir en paz. Ninguna de las Leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género, incluyendo el Acta Igualdad para Todos, logran esto.
En lugar de eso, penalizan el desacuerdo como si fuera discriminación, imponen la ortodoxia sexual, y coaccionan a los disidentes. Estas leyes contra la discriminación son injustificables, pero si se adoptan otras políticas para abordar el maltrato de las personas que se identifican como LGBT, deben dar libertad a las personas para actuar legítimamente según sus convicciones de que fuimos creados hombre y mujer y que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro.
Cualquiera de dichas leyes debe proteger la privacidad y seguridad de mujeres y niñas, la consciencia de los doctores y otros profesionales médicos, y la libertad de expresión y derechos religiosos de incontables profesionales. Esto dejaría a todos los ciudadanos, no solo a los pocos afortunados que tienen buenas conexiones para lograr estar exentos de estas leyes, en la libertad de actuar libremente de acuerdo con sus convicciones. Esto también protegería la diversidad y promovería la tolerancia; esto sería promover una verdadera igualdad para todos.
—Ryan T. Anderson, PhD, is William E. Simon Senior Research Fellow in American Principles and Public Policy in the Richard and Helen DeVos Center for Religion and Civil Society, of the Institute for Family, Community, and Opportunity, at The Heritage Foundation.
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FUENTE ORIGINAL DEL ARTÍCULO: https://www.heritage.org/gender/report/sexual-orientation-and-gender-identity-sogi-laws-are-not-fairness-all
28 de noviembre de 2018 (14 min de lectura)
Investigador Senior en Principios Ciudadanos y Políticas Públicas
Ryan T. Anderson, Ph.D., investiga y escribe sobre el matrimonio, la bioética, la libertad religiosa y la filosofía política.
[1] Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) Laws.
[2] Fairness for All (FFA) Laws.
[i] El modelo más destacado para crear políticas LGBT que intenta mostrar preocupación por la libertad religiosa es conocido como “igualdad para todos”, una frase usados por oponentes que describe una ley adoptada primeramente en Utah y propuestas similares en otros estados y potencialmente a nivel nacional. El “Compromiso Utah” era una ley promulgada en Utah en la primavera del 2015 que creó políticas antidiscriminatorias de orientación sexual e identidad de género con respecto al ámbito laboral y la vivienda mientras trataba de crear ciertas exenciones y protección religiosa. El estado de Indiana intento (pero falló) de pasar una legislación similar en enero del 2016. (Ver libro Ryan T. Anderson and Robert P. George, “Liberty and SOGI Laws: An Impossible and Unsustainable ‘Compromise,’” Witherspoon Institute Public Discourse, January 11, 2016, http://www.thepublicdiscourse.com/2016/01/16225/ (accessed November 28, 2018) Hasta el momento, ninguna legislación justa para todos ha sido introducida a nivel federal, pero hay discusiones entre sus defensores para hacerlo.
[ii] Por ejemplo, el Acto de Igualdad (Equality Act en ingles), el centro de la campaña de los Derechos Humanos para la Iniciativa de Igualdad del Matrimonio, añade “orientación sexual” e “identidad de género” a prácticamente todas las leyes civiles a nivel federal que cubren raza- “Instalaciones Publicas, Educaciones, Asistencia Financiera Federal, Empleo, Vivienda, Crédito y el Servicio de Jurado Federal”- y los extiende más allá de su alcance actual. Incluso, está diseñado para disminuir las protecciones existentes de la libertad religiosa. También ampliaría bastante el alcance de las “instalaciones públicas”. La Ley de Derechos Civiles de 1964- cuyo propósito era integrar la mitad de los Estados Unidos continental luego de siglos de esclavitud basado en raza y Jim Crow- incluía entidades como hoteles, restaurantes, teatros, y estaciones de gasolina. El Acto de Igualdad iba a cubrir casi todos los negocios que servían al público. ( Ver Equality Act, S. 1858, 114th Cong., 1st Sess., https://www.congress.gov/114/bills/s1858/BILLS-114s1858is.pdf (accessed February 7, 2017). The House version of the bill is Equality Act, H.R. 3185, 114th Cong., 1st Sess., https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3185 (accessed November 28, 2018). See also Human Rights Campaign, Beyond Marriage Equality: A Blueprint for Federal Non-Discrimination Protections, 2014, http://hrc-assets.s3-website-us-east-1.amazonaws.com//files/documents/HRC-BeyondMarriageEquality-42015.pdf (accessed February 7, 2017), and Senators Jeff Merkley, Tammy Baldwin, and Cory Booker, “The Equality Act,” 2015, p. 1, https://www.merkley.senate.gov/imo/media/doc/EqualityAct_OnePager.pdf (accessed February 7, 2017).
[iii]Ver See, for example, Ryan T. Anderson, “Disagreement Is Not Always Discrimination: On Masterpiece Cakeshop and the Analogy to Interracial Marriage,” Georgetown Journal of Law & Public Policy, Vol. 16, No. 1 (March 15, 2018), https://ssrn.com/abstract=3136750 (accessed November 28, 2018).
[iv] Ryan Messmore and James Sherk, “Freedom of Religious Schools and Employers Threatened by ENDA,” Heritage Foundation Issue Brief No. 1677, October 24, 2007, https://www.heritage.org/jobs-and-labor/report/freedom-religious-schools-and-employers-threatened-enda (accessed November 28, 2018); Ryan T. Anderson, “ENDA Threatens Fundamental Civil Liberties,” Heritage Foundation Backgrounder No. 2857, November 1, 2013, https://www.heritage.org/civil-society/report/enda-threatens-fundamental-civil-liberties (accessed November 28, 2018); Ryan T. Anderson, “Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) Laws Threaten Freedom,” Heritage Foundation Backgrounder No. 3082, November 30, 2015, https://www.heritage.org/civil-society/report/sexual-orientation-and-gender-identity-sogi-laws-threaten-freedom (accessed November 28, 2018); and Ryan T. Anderson, “How to Think About Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) Policies and Religious Freedom,” Heritage Foundation Backgrounder No. 3194, February 13, 2017, https://www.heritage.org/marriage-and-family/report/how-think-about-sexual-orientation-and-gender-identity-sogi-policies-and (accessed November 28, 2018).
[v] Ryan T. Anderson, “Shields, Not Swords,” National Affairs, No. 35 (Spring 2018), https://ssrn.com/abstract=3141908 (accessed November 28, 2018).
[vi] Ryan T. Anderson, “Just Because Liberals Call Something ‘Discrimination’ Doesn’t Mean It Actually Is,” The Daily Signal, March 1, 2017, https://www.dailysignal.com/2017/03/01/just-because-liberals-call-something-discrimination-doesnt-mean-it-actually-is/ (accessed November 28, 2018).
[vii] Ver Anderson, “Disagreement Is Not Always Discrimination.”
[viii] See Ryan T. Anderson, Truth Overruled: The Future of Marriage and Religious Freedom (Washington, DC: Regnery, 2015), and John Corvino, Ryan T. Anderson, and Sherif Girgis, Debating Religious Liberty and Discrimination (Oxford University Press, 2017).
[ix] See Ryan T. Anderson, When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment (New York: Encounter Books, 2018).
[x] See Ryan T. Anderson, “A Brave New World of Transgender Policy” Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 41, No. 1 (January 1, 2018), https://ssrn.com/abstract=3113625 (accessed November 28, 2018).
[xi] See Anderson, When Harry Became Sally.
[xii] See Anderson, “A Brave New World of Transgender Policy.”
[xiii] Eugene Volokh, “You Can Be Fined for Not Calling People ‘Ze’ or ‘Hir,’ If That’s the Pronoun They Demand That You Use,” The Washington Post, May 17, 2016, https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2016/05/17/you-can-be-fined-for-not-calling-people-ze-or-hir-if-thats-the-pronoun-they-demand-that-you-use/?noredirect=on&utm_term=.0e15223dfb97 (accessed November 27, 2018).
[xiv] Ryan T. Anderson, “New Obamacare Transgender Regulations Threaten Freedom of Physicians,” The Daily Signal, May 13, 2016, https://www.dailysignal.com/2016/05/13/new-obamacare-transgender-regulations-threaten-freedom-of-physicians/ (accessed November 28, 2018).
[xv] See Anderson, “A Brave New World of Transgender Policy.”
[xvi] See Anderson, When Harry Became Sally, chapter 8.
[xvii] News release, “U.S. Opens Investigation into Sexual Assault of Minor Child in Georgia, Violation of Title IX,” Alliance Defending Freedom, October 3, 2018, http://www.adfmedia.org/News/PRDetail/10619 (accessed November 27, 2018).
[xviii] Ryan T. Anderson and Melody Wood, “Gender Identity Policies in Schools: What Congress, the Courts, and the Trump Administration Should Do,” Heritage Foundation Backgrounder No. 3201, March 23, 2017, https://www.heritage.org/education/report/gender-identity-policies-schools-what-congress-the-courts-and-the-trump.
[xix] See Anderson, “Shields, Not Swords.”
