El diputado José Horacio Rodríguez emitió declaraciones a un medio canadiense, expresando su desacuerdo con las políticas de defensa de la soberanía nacional implementadas por el gobierno dominicano en términos de migración, tales como la repatriación de inmigrantes no documentados y la construcción del muro fronterizo.
A través de una entrevista socializada el pasado 13 de diciembre por el canal de YouTube Radio-Canada Info, el diputado consideró que, si se deporta a los inmigrantes haitianos del territorio dominicano, el país quedaría sin mano de obra para cultivar la comida y para trabajar en el sector construcción. Manifestó también que entiende que construir un muro no es una buena solución, porque solo haría que haya más corrupción en la frontera y que los militares cobren más para dejar pasar a los inmigrantes haitianos.
Estas declaraciones fueron sujetas a un amplio rechazo de la ciudanía dominicana a través de los medios de comunicación, especialmente por redes sociales, incluyendo reacciones de figuras del ámbito político, del periodismo, de profesionales de diferentes áreas y del pueblo en general.
Consideraciones sobre la posición del diputado
Las declaraciones planteadas por el diputado Rodríguez no son coherentes con el papel que debe jugar todo legislador de defender primeramente los intereses de su nación, muy por encima de los intereses de otras naciones, agencias u organizaciones. Además, sus declaraciones son muy inoportunas, considerando que el país ha estado sometido a una serie de acusaciones difamatorias relativas a este tema por parte de varios actores internacionales. Sus declaraciones son también incorrectas, ya que la realidad actual a la que él se refiere, donde los obreros haitianos han desplazado a los dominicanos, se dio como resultado de distorsiones del sistema laboral y migratorio; distorsiones que precisamente deben ser corregidas a través de la adecuada aplicación de la ley.
Para esto, ya existen propuestas concretas dirigidas a lograr el cumplimiento de la ley vigente, fijada en el artículo 135 del Código de Trabajo, que establece una cuota de 80/20. Esta dispone que una empresa o institución con 100 empleos, debe otorgar trabajos al 80 por ciento de los dominicanos y a un 20 por ciento a extranjeros.
En ese sentido, los esfuerzos de las autoridades y de todos los sectores de la nación deben enfocarse en la implementación de acciones encaminadas a lograr el debido cumplimiento de la ley; no a lo contrario. Ya existen propuestas desarrolladas para estos fines, entre las cuales se encuentran las presentadas por el Grupo Consultivo 80/20, equipo impulsado por el Centro de Pensamiento y Acción del Proyecto Nacional, que incluye a profesionales expertos de múltiples sectores, especialmente del área de economía y de políticas públicas.
Dichas propuestas plantean acciones para lograr la aplicación efectiva de las leyes migratorias y laborales, específicamente del Artículo 135 del Código de Trabajo, que establece que el 80% de los trabajos deben ser para los dominicanos. Lo que esta ley busca es precisamente garantizar el derecho al trabajo digno y productivo de los dominicanos, disponiendo a su vez de un 20% dedicado a los extranjeros de distintas nacionalidades que residan en el país de manera regular o legal.
En otras palabras, es necesario y urgente lograr el cumplimiento de esta ley, ya que su incumplimiento es un elemento que contribuye con el agravamiento de la crisis de desempleo en el país y con la proliferación del fenómeno de los “NiNis”, como se ha llamado a los jóvenes que ni estudian ni trabajan”.
En su documento, el Grupo Consultivo 80/20 explican que: “en las grandes ciudades, en el sector terciario, existe una desbordada presencia de nacionales haitianos indocumentados e ilegales, que afectan las oportunidades de inserción en la economía formal e informal de los dominicanos sin calificación laboral”.
Ante esto, este grupo de profesionales propone una serie de medidas que consideran necesarias, tales como: sancionar a las empresas privadas que incorporen a sus servicios nacionales haitianos con documentación ilegal o falsa, y que que las instituciones gubernamentales y las municipalidades no contraten extranjeros en labores que pueden realizar los dominicanos, entre muchas otras.
Por otro lado, el diputado Rodríguez también argumentó en contra de la efectividad del muro fronterizo como estrategia para resolver la crisis migratoria, aludiendo al tema de la corrupción. Sin embargo, la corrupción no es ni debe ser nunca aceptada como una justificación para perpetuar el incumplimiento de las leyes nacionales, mucho menos cuando lo que está en juego es la soberanía nacional y la seguridad del pueblo dominicano.
Al contrario, todo legislador y todo funcionario público tiene entre sus principales responsabilidades la de abogar por el efectivo cumplimiento de las leyes; la de velar por el bienestar y seguridad de los ciudadanos de su nación, pues son la razón de ser de su servicio público; y la de incidir en todas las maneras posibles para que la corrupción se convierta en algo completamente inaceptable en el país.
Finalmente, también han sido expuestas propuestas relativas al tema del muro, como la presentada por el Instituto Duartiano a través de la Marcha Patriótica, donde se propuso que lo que requiere nuestra frontera es una “valla tecnológica”. Es decir, que su protección principal no radique en su construcción física, sino que el muro debe incluir un sistema de energía y una subred eléctrica fronteriza.
Pueden ver el video con las declaraciones del diputado aquí: https://www.youtube.com/watch?v=0o6XDadXb6Q
