Posicionamiento de Acción Cristiana sobre la Disciplina Parental

Ante la reciente declaratoria de CONANI en torno al tema de la protección de la niñez en el Código Penal, el Grupo Acción Cristiana presenta su posicionamiento al respecto, declarando una condena categórica a todo tipo de abuso y maltrato contra la niñez. A la vez, presentamos los siguientes puntos a considerar:

1.    Primero, la disciplina parental no equivale a violencia.

Ciertos grupos y tendencias están tratando de posicionar como irrefutable la idea de que la disciplina física llevada a cabo por los padres hacia sus hijos menores de edad equivale siempre a violencia o maltrato. Sin embargo, dicho postulado no cuenta con el debido fundamento, ni tampoco existe un acuerdo o consenso entre los profesionales de salud, educación y psicología en cuanto a que la misma equivale a violencia, tal como lo establece la Asociación Americana de Psicología, APA.[i]

Según declaraciones del Colegio Americano de Pediatras, tal concepción se constituye en un supuesto equivocado, pues los estudios utilizados para sostenerla fueron sesgados, mal diseñados y sustentados en falacias. La organización mencionada declara que dichos estudios “utilizaron métodos tan defectuosos que serían rechazados si estuvieran siendo utilizados para impedir un procedimiento médico”.[ii]

El Colegio Americano de Pediatras revisó cuidadosamente la investigación disponible relativa al castigo físico y llegó a la conclusión de que su uso por parte de los padres, si es aplicada adecuadamente, puede ser un componente efectivo en un plan disciplinario general con los niños.[iii] Los padres y madres responsables cuentan con un kit de herramientas para la crianza de sus hijos, entre las cuales se encuentra la disciplina física para situaciones excepcionales, y con parámetros claros que no implican maltrato. Esta es utilizada por los padres para responder a la mala conducta persistente de sus hijos específicamente cuando las medidas disciplinarias más leves no han funcionado.[iv]  

Diversos estudios revelan que el abordaje apropiado de los padres del uso de la reprimenda o corrección física como método de disciplina provee buenos resultados en la educación.^[v] Investigaciones realizadas demostraron que aquellos niños que fueron disciplinados físicamente se desempeñaron mejor que aquellos que no lo fueron en toda una serie de categorías, incluidas las calificaciones escolares, una perspectiva optimista de la vida, la disposición de realizar trabajo voluntario y la ambición de asistir a la universidad. Otros hallazgos muy importantes a considerar resultaron de un estudio enfocado en antecedentes penales, el cual reveló que los niños criados en lugares donde está vigente una prohibición legal del castigo corporal por parte de los padres tienen muchas más probabilidades de verse involucrados en delitos.[vi]

2.    Segundo, la actual legislación dominicana provee la debida protección a la niñez, pero las instituciones a cargo de hacer cumplir tales leyes, no lo hacen eficazmente.

Actualmente en la República Dominicana existen leyes vigentes para la protección de la niñez, tales como la Constitución Dominicana[vii] y la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes[viii]. Estas leyes proveen un adecuado marco legal para la protección de la niñez en contra de la violencia, el abuso y otros tipos de maltrato.

Sin embargo, las instituciones a cargo de la prevención, detección, atención, persecución y judicialización de casos actualmente no dan abasto ni responden adecuadamente a la cantidad de denuncias que reciben. La creación de leyes más rígidas contra los padres, para supuestamente proteger a la niñez de sus propios padres, sólo cargaría más a tales instituciones, pues haría proliferar una serie de denuncias infundadas; es decir, esto multiplicaría los casos de supuestos abusos debido a que las instituciones se tendrían que enfocar en la tarea de perseguir judicialmente a padres que realmente no son abusivos, los cuales serían “denunciados” por sus hijos, a manera de manipulación.

Con los limitados recursos del Estado, el enfoque de sus esfuerzos debe dirigirse hacia lograr el efectivo cumplimiento de las leyes actuales de protección de la niñez, en lugar de crear sobrecargas innecesarias al sistema.

3.    Tercero, toda ley debe asegurar la protección del derecho de los padres sobre la educación de sus hijos.

Ninguna nueva legislación debe amenazar el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y valores. La pretensión de prohibir todo tipo de castigo físico, con la intención de perseguir a los padres que intenten disciplinar a sus hijos sin maltrato, en la práctica funciona como una intromisión del Estado en el seno familiar para violentar un derecho de los padres que está ampliamente protegido por diversos tratados y documentos internacionales[ix], así como también por la Constitución dominicana.[x]

El tema de la disciplina parental y de la manera en que ésta es aplicada está directamente ligada a los principios y valores de muchos padres que la aplican. Padres y madres comprometidos tienen como prioridad la formación de sus hijos para que se conviertan en hombres y mujeres responsables y de carácter ético. En ese contexto, el establecimiento de límites claros para sus hijos y la enseñanza de que sus decisiones tienen consecuencias son elementos claves, que están directamente relacionados con sus valores y principios fundamentales.

4.    Finalmente, este tipo de legislación fragmenta aún más a la ya golpeada institución de la familia.

La aprobación de leyes con este tipo de enfoque promueve el enfrentamiento de hijos contra padres, otorgando a los niños una capacidad de denuncia que todavía no tienen la madurez para usar adecuadamente. En la práctica, a través de esta ley el gobierno enviaría un mensaje claro a los padres, diciéndoles: “ustedes son los malos y nosotros sabemos cómo ser padres mejor que ustedes”.[xi]

Estas concepciones responden a un paquete ideológico que se intenta imponer al país por parte de agencias internacionales, como si se trataran de verdades irrefutables. Esto incluye nuevos conceptos que son presentados como si fueran “derechos de los niños”, de modo que los padres y madres queden atados de manos, para no poder instruir ni disciplinar a sus hijos. Es decir, los padres quedarían obligados por ley a aceptar cualquier idea o comportamiento de sus hijos, pues deben “respetar” esos nuevos “derechos”, como “la preservación de su imagen, identidad, autonomía de valores, ideas, creencias, etc.” ^[xii]; esto así, aun cuando tales “valores, ideas y creencias” sean contrarias a las enseñanzas de los padres. En fin, la idea es ir construyendo un sistema legal que deje a los padres cada día con menos posibilidades de educar a sus hijos de acuerdo a sus valores y principios.

Es posible afirmar esto con base, ya que legislaciones similares han sido aprobadas en otros países y ya se han visto los resultados. Al usar conceptos ideológicos, se manipula el lenguaje para, sobre esta base, promover el adoctrinamiento de niños con la ideología de género. En tales casos, cuando los niños y adolescentes atraviesan fases de confusión en cuanto a su sexualidad, aunque los padres deberían tener total derecho de orientarlos al respecto, son tratados como delincuentes y penalizados por la ley, pues la orientación y corrección que ofrecen a sus hijos es considerada como si les estuvieran “discriminando”, o “violando su integridad, su imagen, identidad, autonomía”, etc.[xiii]

En conclusión…

Llamamos la atención de todo ciudadano dominicano a reflexionar sobre estos puntos. Aunque la inmensa mayoría buscamos lo mejor para la niñez, es necesario estar apercibidos para no ser engañados con la idea de que este tipo de legislación proveería mayor protección a niños y adolescentes. En un tiempo donde la familia está siendo continuamente bombardeada, no podemos darnos el lujo de ser tan ingenuos, ni de ser usados como “tontos útiles”, al apoyar propuestas que en la práctica resultan contraproducentes, pues bombardean la estructura familiar, que es la célula básica de toda sociedad, y donde los niños son realmente formados.

Ese tipo de legislación sería usada para menoscabar la autoridad de los padres sobre sus hijos, al restringir su capacidad de establecer y hacer cumplir reglas, límites y prohibiciones en relación a comportamientos morales y éticos de ellos. Sería utilizada para restringir a padres y madres de buena fe el poder ejercer su derecho a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores, sin abuso ni maltrato, y esto es violatorio al artículo 63.2 de la Constitución dominicana.

Foto de Sebastián León Prado en Unsplash