El Grupo Acción Cristiana emitió una declaración pública, uniéndose a la gran preocupación manifestada por diversos actores y sectores de la sociedad dominicana, con relación a la ley 1-24, promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Aunque consideran acertada la creación de una ley que regule la actividad oficial de inteligencia, clasifican la pieza aprobada como inconstitucional. Esto así debido a que, según exponen, no respeta la separación de poderes del Estado, violando así el artículo 44 de la Constitución, que instruye que las intervenciones de inteligencia en la privacidad de los ciudadanos deben ser reguladas por la autoridad del Poder Judicial.
“Creemos que los actuales retos que la nación dominicana enfrenta para su seguridad, demandan que se articule un instrumento efectivo y bien coordinado de obtención de inteligencia”, expresa el comunicado. “No obstante, nuestra Constitución prevé que, para un debido funcionamiento del Estado de Derecho, aun en las actividades de inteligencia debe preservarse la separación de poderes del Estado”, agregan.
Puntualmente, explican que la ley aprobada omitió la incorporación del poder judicial como regulador de las intervenciones de inteligencia en la privacidad de los ciudadanos, irrespetando así lo establecido por la Constitución: “Lamentablemente, la ley 1-24 obvió incorporar este elemento en la pieza aprobada, lo que la convierte en inconstitucional”..
En consecuencia, consideran que la ley debe ser rechazada por el Tribunal Constitucional, y que el poder legislativo debe proceder a formular una nueva ley que incorpore “los elementos de salvaguarda que contempla la Constitución, que faltaron en esta”.
El comunicado concluye con tres exhortaciones: Primero al actual gobierno a tomar esta experiencia como un llamado a ponderar y consensuar futuros proyectos de ley de tan gran incidencia en la vida nacional. En segundo lugar, exhortan al Congreso a examinar todas leyes con mayor detenimiento y sin apresuramientos, con fines de asegurarse de que cada ley que sea aprobada respete la Constitución. Finalmente, exhortan a la ciudadanía dominicana a permanecer vigilante, para que el país continúe disfrutando de un Estado de derecho que proteja las garantías constitucionales y limite el abuso de poder.
